Verifactu estaba a punto de caer. El Gobierno acaba de aplazarlo, y por un motivo político

El gobierno español ha pospuesto la implementación obligatoria de Verifactu, su sistema de facturación electrónica, hasta 2027. Este retraso, inicialmente previsto para enero de 2026, afecta a empresas y autónomos, poniendo de manifiesto la intersección de la política digital con consideraciones políticas dentro del país. La medida subraya los desafíos de introducir iniciativas de transformación digital dentro de la Unión Europea. Los nuevos plazos establecen que las empresas sujetas al impuesto de sociedades tienen hasta enero de 2027 para adoptar Verifactu, mientras que los autónomos y las pequeñas empresas tienen hasta julio de 2027. El sistema exige que las facturas se certifiquen a través de software aprobado, garantizando la autenticidad y proporcionando a la agencia tributaria española un control inmediato sobre las transacciones. Las sanciones por incumplimiento podrían ascender a 50.000 euros. El aplazamiento de la implementación de Verifactu subraya las dimensiones políticas de la política digital, revelando desafíos en la capacidad del gobierno para implementar sus propios sistemas. El retraso refleja la influencia de las negociaciones políticas y destaca la lenta adopción del nuevo sistema, con solo el 8% de los autónomos y las pequeñas empresas que implementaron el sistema a mediados de noviembre. La medida afecta a las pequeñas empresas y a los autónomos, que deben adaptarse al nuevo calendario.