El Gobierno sigue empeñado en acabar con el SPAM telefónico y ahora apunta a las eléctricas. Sigue siendo un disparo al aire

El gobierno de España está intensificando su represión contra las ventas telefónicas no solicitadas, dirigiendo ahora sus esfuerzos al sector energético con nuevas regulaciones destinadas a proteger a los consumidores. El Reglamento General de Suministro, Comercialización y Agregación de Electricidad, aprobado recientemente, prohíbe explícitamente las llamadas de telemarketing para contratos de publicidad o servicios, a menos que el consumidor las haya solicitado proactivamente. Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio para frenar las prácticas de venta intrusivas y mejorar los derechos del consumidor en la economía digital y de servicios. Las nuevas disposiciones estipulan que las empresas de energía tienen un período de gracia de cuatro meses para cumplir con la prohibición de llamadas no solicitadas. El incumplimiento podría acarrear importantes sanciones económicas, que oscilan entre 600.000 € y 6.000.000 €, lo que subraya el compromiso del gobierno con la aplicación de la ley. Más allá de la restricción del telemarketing, el reglamento exige la provisión de líneas de atención al cliente gratuitas y establece un plazo máximo de respuesta de 15 días para las reclamaciones y quejas de los consumidores. A pesar de estos esfuerzos regulatorios, la eficacia en la lucha contra el spam sigue siendo una preocupación importante, con informes que indican un alto volumen continuo de llamadas no deseadas recibidas por los consumidores españoles. El enfoque persistente del gobierno en este asunto refleja los desafíos continuos para equilibrar los intereses comerciales con la privacidad individual y la necesidad de normas de comunicación digital más claras. Los futuros desarrollos probablemente implicarán el seguimiento del cumplimiento y la posible introducción de medidas adicionales si el problema persiste.