La "Ley Rider" aspiraba a mejorar el delivery de España. En el sector hay quien cree que ha servido para todo lo contrario

La "Ley Rider" de España, implementada en 2021, tenía como objetivo ofrecer mejores protecciones a los repartidores, pero se ha convertido en un punto de controversia en la economía digital del país. La legislación buscaba reclasificar a los repartidores autónomos como empleados, con el objetivo de garantizar los derechos laborales y los beneficios en la floreciente economía de plataformas. Sin embargo, el impacto de la ley ha suscitado debate en todo el sector, planteando interrogantes sobre sus beneficios reales. El núcleo de la "Ley Rider" obligaba a la reclasificación de los repartidores como empleados, trasladando la responsabilidad de las cotizaciones a la seguridad social y las protecciones laborales a las plataformas. Esto implicó cambios estructurales significativos para empresas como Deliveroo y Glovo, junto con posibles aumentos en los costes operativos. La medida pretendía alinear el trabajo de reparto con las normas laborales establecidas y mejorar las precarias condiciones de trabajo predominantes en el sector. A pesar de sus intenciones, la ley ha sido criticada por perjudicar potencialmente a los propios trabajadores a los que pretendía proteger, así como por impactar negativamente a restaurantes y consumidores. Las preocupaciones planteadas incluyen la reducción de las oportunidades de trabajo, el aumento de los tiempos de entrega y, potencialmente, precios más altos. Esta situación pone de manifiesto las dificultades de elaborar una legislación que equilibre eficazmente los derechos de los trabajadores con la flexibilidad y el dinamismo económico de las plataformas digitales. El debate en curso sobre la "Ley Rider" sirve de advertencia para otros países europeos que estén considerando normativas similares. Mientras la UE se enfrenta a su propia legislación laboral digital, la experiencia española subraya los complejos retos de regular la economía de plataformas y garantizar la soberanía digital en todo el continente.